Ciudad de México 15-12-2017
¿La reconstrucción de la ciudad o de la candidatura de Mancera?
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¿La reconstrucción de la ciudad o de la candidatura de Mancera?

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Hace unos días en la Asamblea Legislativa se aprobó la propuesta de "Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, una ciudad cada vez más resiliente". Las últimas semanas la discusión de dicho instrumento jurídico había hecho visibles los encontrados puntos de vista que tienen las diversas fuerzas que integran la Asamblea Legislativa sobre lo que debe de ser las acciones de reconstrucción en la Ciudad posteriores a los sismos de este año.


A pesar de haber sucedido con más de tres décadas de separación con aquellos que marcaron la historia de la sociedad civil en la Ciudad de México, evidenciaron que si bien hemos desarrollado protocolos de protección civil, los gobiernos poco saben qué hacer en las etapas posteriores a estos fenómenos. La respuesta del GDMX no sólo fue tardía sino hasta perezosa; refugiados enfrente de una docena de monitores, no fueron capaces de atender lo esencial. La sociedad civil llenó entonces los huecos, mientras los políticos estaban solamente preocupados por la actualización de estadísticas. Si bien la etapa de búsqueda y rescate, crítica para preservar la seguridad de las personas y su patrimonio, es la que más atención y apoyo conlleva, la reconstrucción es vital para la resiliencia de una sociedad azotada por estos fenómenos.


Los gobiernos del mundo han tenido reacciones muy variadas ante estos fenómenos, desde la creación de herramientas para la geolocalización de acciones y apoyos, creación de fondos especiales para los apoyos a los afectados con aportaciones locales, nacionales e internacionales, hasta acciones de evaluación y certificaciones con presencia de OSCs u organismos internacionales. Contrario a lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México decidió dar forma a su programa de reconstrucción a través de una ley; la cual, contrario a lo esperado, no incorpora mejores prácticas internacionales, sino que se enfoca en regular el actuar del gobierno y constructoras, dejando de lado el papel central de toda acción del gobierno que es garantizar el bienestar de sus habitantes.


La discusión viene entonces en dos sentidos. Por un lado, el instrumento; y por el otro, el contenido del instrumento. Primero, la teoría y práctica en políticas públicas, poco recomienda emplear leyes para acciones que necesitan instrumentación inmediata. Para ello, el poder Ejecutivo tiene una gran gama de herramientas normativas que puede utilizar para tener un sustento legal de sus programas, que van desde decretos, lineamientos, reglas, procedimientos sin pasar por la sanción del poder Legislativo. Si aún con ello se necesitara de la participación del Congreso, el Presupuesto de Egresos, el cual justifica el destino y utilización de los recursos de un gobierno, es en sí una Ley. Por ello, la razón de hacerlo de esta manera, no se justifica, a menos que su objetivo sea político.

 

Segundo, el contenido de la Ley dista mucho de lo que se esperaría de una respuesta de un gobierno de una ciudad que pone el bienestar de los ciudadanos como una prioridad. Tras el sismo, se hizo más que evidente que el modelo de desarrollo urbano de la capital se basa en las corruptelas para maximizar la ganancia del negocio de la construcción. Estos actos no son privativos de un orden de gobierno ya que tanto delegaciones como las diferentes áreas del Gobierno de la CDMX han salido beneficiados ya sea económicamente o políticamente al construir las bases de sus aspiraciones políticas al amparo de las ganancias de las empresas que los patrocinan.

 

La Ley no sólo no aprovecha la oportunidad de crear un nuevo modelo de ciudad, sino que ademásvez ignora los mapas de riesgos geológicos. Junto con ello, ignoran que la ciudad en esos términos excluye y expulsa a las personas que no pueden pagar los beneficios de ésta. En pocas palabras, la nueva Ley es sólo una regulación que permite tanto a gobierno como a desarrolladores seguir aprovechando el negocio de la construcción para fines políticos. Es evidente entonces, que el financiamiento informal de la candidatura del aún Jefe de Gobierno, se construirá con los favores que les hace a los desarrolladores. Mancera quiere reconstruir, es verdad; pero lo que quiere es reconstruir su candidatura con dinero público.

 

Entender la vivienda solamente como paredes, créditos y permisos de construcción está muy alejado del ideal de derecho a una ciudad incluyente y democrática. Más importante aún, debe de entenderse que la denominada etapa de reconstrucciones es la posibilidad de eliminar la condición de vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas a raíz de los sismos. Los afectados no sólo perdieron un conjunto de vigas y ladrillos. Perdieron su patrimonio, su forma de vida y su espacio de desarrollo. En minutos, su vida se transformó por una donde el entorno las vulnera.

 

El gobierno de la ciudad no sólo perdió la oportunidad de crear un nuevo modelo de desarrollo urbano, sino  de crear una mejor ciudad que hiciera justicia aquellos que perdieron. Poco les importa eso, lo que sí les importa es la ganancia económica para unos y la política para otros. Esta última será efímera como su candidatura.


Cristopher Ballinas

Seleccionado nacional de Kendo. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y Profesor en Políticas Públicas en el ITAM. @crisballinas

El Andén

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