Ciudad de México 15-12-2017
La Ley de (in)seguridad interior
Ideas

La Ley de (in)seguridad interior

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Por Doctor Fausto


En el siglo XVIII una enorme crisis delictiva en la vieja Nueva España provocó que la Real Audiencia y la Sala de lo Criminal estuvieran rebasadas, por lo que el rey Felipe V acordó una estrategia adicional: la creación del Tribunal de la Acordada, que acompañada con otra organización llamada la Santa Hermandad, tendrían en su poder la capacidad de perseguir a los delincuentes y sin juicio ejecutarlos de manera sumaria para después dejar sus despojos colgados en los árboles como ejemplo de escarmiento. Por supuesto se dieron los abusos durante casi un siglo y la delincuencia no disminuyó del todo.

Sin lugar a dudas el contexto actual es muy distinto, sin embargo hay un lugar común en la situación de la Colonia y hoy: las instituciones ordinarias no funcionan correctamente. Una de las banderas de campaña electoral del actual presidente fue la creación de un cuerpo policiaco de élite que fungiría como Gendarmería y los resultados fueron pocos e insuficientes.Todas las dimensiones que atañen al combate a la delincuencia -prevención, procuración de justicia, impartición de justicia y readaptación- en términos generales están en la quiebra institucional.

Por su parte el papel de las Fuerzas Armadas ha sido decisivo para lograr lo que se habían propuesto: capturar capos, cabezas de cárteles, "peces gordos". Sin embargo esta costosa y mediática estrategia también ha deteriorado a las propias Fuerzas Armadas. Se han gastado y también, en estas décadas de actuación fuera de su atribución constitucional, han sufrido el mismo efecto de las policías al desviar sus objetivos al criminalizarse, amén de actuar como lo que son, un ejército que fue instruido, adiestrado para destruir al enemigo y no buscar captúralo y ponerlo a disposición de los fiscales -que en su misma realidad- a la primera de cambios liberan a delincuentes por soborno, extorsión, impericia o todas esas causas juntas.

También hay que mencionar la esquizofrénica necedad de negar lo evidente. Al menos tres circunstancias deben ser aceptadas para excepcionalmente involucrar a las fuerzas armadas en prácticas preventivas. La primera es que somos (aunque sea de manera parcial) un estado fallido; la segunda es aceptar que muchas de las atrocidades que suceden diariamente y que ya son parte de la cotidianidad, constituyen crímenes de lesa humanidad, en donde hay participación por acción u omisión de las instituciones del Estado Mexicano; y la tercera circunstancia es aceptar que vivimos y estamos en el contexto de un conflicto armado interno (guerra), en términos del Derecho Internacional Humanitario. En el momento en que se acepten estas tres cuestiones comenzará la restauración.

 

Fuimos testigos de cómo un militar ejecutó a un huachicolero, sin que sea legítima defensa, totalmente de manera extrajudicial. Hubo muchas voces que aplaudieron esa actuación, "así debe ser", "bien por el militar", "hay que acabar con las ratas". Sin duda es una visión corta que se explica por nuestro contexto, pero no es ni justificado, ni constitucional, ni mucho menos eso es Estado de Derecho: es una aberración. Así, en varios episodios las Fuerzas Armadas han estado involucradas en excesos, desbocadas y con el puro control de los videos que se filtran, que los evidencian. Por otro lado, he constatado personalmente cómo hay regiones enteras sin presencia de las instituciones del Estado Mexicano, en donde no hay leyes que valgan, ni Constitución, solo regímenes controlados por la delincuencia organizada. Pero, ¿la solución son las Fuerzas Armadas?, en todo caso son un paliativo, algo momentáneo que alivia, pero no cura.

Uno de los elementos de un estado fallido es que algunas atribuciones dejan de ser operadas por las autoridades legítimas. Al respecto, sin duda la prevención debe ser materia de autoridades civiles, aunque una ley establezca lo contrario. Son las autoridades civiles las que deben encargarse de la trama delictiva. Los militares están ocupando espacios que no les corresponden, por ejemplo haberle dado a la Armada de México las atribuciones de las administradoras portuarias es parte de lo mismo, se traduce en que las autoridades civiles son fallidas, no cumplen su cometido, son corruptas. Imaginen que después sean las aduanas, la migración, las fiscalías, ¿vamos hacia una militarización superior?.

La minuta de la Ley de Seguridad Interior es un verdadero adefesio jurídico, contraviene a la Constitución en varios aspectos, fija un régimen autoritario de actuación militar, sin rendición de cuentas, sin revisiones judiciales. Sólo hay que contrastarla con el régimen del Sistema Penal Acusatorio, para ver su dimensión inconstitucional. No en vano las instancias de derechos humanos se han manifestado rotundamente, desde los colectivos mas modestos hasta las nacionales, regionales y multilaterales. Estamos ante un cheque en blanco para que se cometan abusos, sin embargo lo más lamentable es la concentración del poder y la falta de controles. ¿será el regreso del Tribunal de la Acordada?

 

@faustokubli


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