Ciudad de México 19-11-2017
Réquiem por la CDHDF
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Réquiem por la CDHDF

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Entre 1993 -año de su creación por decreto presidencial- y 2013 -con la conclusión del período de Luis González Placencia-, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fue una institución de vanguardia en medio de un desierto de organismos públicos que entendían la defensa de derechos como una tarea menor y burocrática. En efecto, las gestiones del propio González Placencia y anteriormente las de Emilio Álvarez Icaza y Luis de la Barreda, desarrollaron y perfeccionaron un modelo basado en dos premisas fundamentales: por una parte, la centralidad de la víctima en los procesos de exigibilidad y justiciabilidad de derechos y, por la otra, la independencia y autonomía frente a los poderes públicos. Respecto al primer elemento, la CDHDF fue pionera en la medida que, desde allí, se hizo una interpretación creativa y democrática de los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos para visibilizar al empobrecimiento de la vida pública y la polarización social como consecuencia de no habernos tomado en serio la defensa de dichos derechos ni a las víctimas de sus violaciones regulares y graves. En relación con el segundo elemento, la Comisión, siendo un organismo público, en muchas ocasiones se enfrentó directamente con el Ejecutivo de la Ciudad de México, en temas como la movilidad, los derechos ambientales, las así llamadas megaobras, la discriminación, la corrupción, las detenciones arbitrarias o la tortura, demostrando que, de manera desafortunada, la impunidad es la regla y no la excepción en la gestión pública de derechos humanos.

Entonces, ¿por qué la CDHDF se convirtió en una mas de las instituciones burocráticas que acatan los designios del gobierno? Me atrevería a proponer dos ejes de lectura. Por una parte, y alentada por algunos actores políticos y medios de comunicación interesados en mantener la impunidad a propósito de las violaciones a derechos humanos, volvió una idea que costó mucho trabajo erradicar del imaginario social: que los derechos humanos y las instituciones que los tutelan constituyen, en esencia, una plataforma de protección de los delincuentes y, por tanto, que su trabajo consiste en imponer privilegios y atacar al bien común. Esta visión germinó, de manera desafortunada, en una ciudad como la nuestra, donde hemos visto multiplicados los robos, los asesinatos, los secuestros u otros delitos de alto impacto social, frente a la inacción o complicidad de las autoridades. Por otra parte, está la banalización generalizada del servicio público en la Ciudad de México y el resto del país, que hace que quienes se encargan de tomar decisiones lo hagan desde sus intereses facciosos y no atendiendo al bien común. Sólo así se explica que, frente a la evidencia de su debilidad como candidata frente al resto de contendientes en el proceso de elección de aquél 2013, los diputados y diputadas hayan hecho recaer la presidencia de la CDHDF en Perla Gómez Gallardo; sólo así se puede entender el silencio generalizado frente a una institución que gradualmente iba perdiendo capacidades técnicas y una vocación de trabajo ético y expedito frente a las necesidades de la ciudadanía.

Mirada con serenidad e intentando contener la rabia por la interrupción de una trayectoria institucional que debería continuar en la vanguardia, lo mejor que se puede decir de Gómez Gallardo es que su inexperiencia e inseguridad la llevaron a una gestión opaca que dio prioridad al trámite de oficiosy a la continuidad de aquellos programas creados por sus predecesores y que no resultaban incómodos para la autoridad. Observada desde la posición de las víctimas que atestiguaron la pérdida una institución cuya función consistía en fiscalizar las acciones u omisiones de la autoridad que afectan el ejercicio de derechos humanos, lo peor que se puede decir de esta gestión es que la corrupción también consiste en aceptar un cargo público para el que no se está capacitado.

Tengo que señalar que mi punto de vista sobre la CDHDF está mediado por el hecho de que fui parte de ella entre 2010 y 2013, porque allí ocurrió una buena parte de mi aprendizaje sobre lo que significa defender derechos en un contexto tan polarizado y complejo como el nuestro y -sobre todo- porque respeto profundamente a muchos de mis antiguos compañeros y compañeras que allí siguen trabajando. Pero también debo decir que mi percepción coincide con la de organizaciones y víctimas que han visto cómo sus reclamos de justicia frente a esta instancia se convierten en oficios, sellos y ventanillas que se multiplican sin que haya desde su presidencia -por lo menos- un reconocimiento de que el carácter de organismo público de la CDHDF no significa sumisión al gobernante en turno.

En estos días, las y los diputados están evaluando los perfiles de quienes aspiran a ocupar la dirección de esta institución. Por su trayectoria y compromiso ético con la defensa de los derechos, hay un consenso entre la sociedad civil -al que me adhiero plenamente- sobre que el relevo debería recaer en Juan Carlos Arjona, Nashieli Ramírez Hernández o Hilda Téllez Lino. No obstante, tengo la sensación de que es muy improbable una salida decorosa de este vértigo institucional al que Gómez Gallardo y los diputados que la eligieron llevaron a la Comisión de Derechos Humanos de nuestra ciudad. Dudo mucho que quienes una vez visualizaron a la CDHDF como un conjunto de plazas que podían repartirse para pagar favores políticos, hoy eleven la altura de su mirada y coloquen de nuevo a esta institución a la vanguardia en la defensa de derechos.

No obstante, y aún en el caso de que no se reelija a Gómez Gallardo y que se nombre a alguno de los candidatos sobre los que existe un consenso ciudadano, tengo la sensación de la que la CDHDF está herida, si no de muerte, sí de mucha gravedad. Quien sea el o la nueva presidenta tendrá el reto de reconstruir la confianza ciudadana, de tender nuevos vínculos con los defensores, de demostrar que los derechos humanos no son privilegios para los delincuentes, de plantar cara al poder y defender los intereses de la ciudadanía en un año electoral particularmente difícil y, en suma, de regenerar y fortalecer su posición estratégica de acompañamiento a las víctimas. Wislawa Szymborska -la poeta polaca- escribió al final de su poema "El amor a primera vista" que "todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad". En este sentido, lo deseable es que el principio de esta nueva administración para la CDHDF sea una continuidad con el trabajo desarrollado antes de la gestión de Gómez Gallardo y que la impunidad y la resignación frente a la ignominia no sean la última página en la historia de defensa y promoción de los derechos humanos en la Ciudad de México. 


Mario A. Hernández

Doctor en Humanidades por la UAM-Iztapalapa, profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cinéfilo cuya idea de felicidad es la vida -y las discusiones sobre ésta- a 24 cuadros por segundo. Twitter: @fumador1717

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